Excelente y recomendado artículo del Médico Jaime Gutiérrez, publicado en la Nación el sábado pasado:
Daniel Ortega conquistó la isla Calero con el poder que da la fuerza. Nunca volverá a ser de Costa Rica. Ortega sintió que no teníamos la fuerza para disuadirlo e invadió el territorio nacional. El precio que tuvo que pagar por su agresión fue insignificante: reunioncitas y papeles de la OEA. El bajo costo de su conquista será, no tengo dudas, la incitación de este maleante para lanzarse a nuevas aventuras bolivariano-morazánicas.
Esto puede estar apenas comenzando para Costa Rica.
La única forma de que se empeore la situación es si este pueblo, arrullado, insensibilizado y apaciguado por el cuentito de la paz, como dice Apuleyo, no despierta.
Si la dosis de pensamiento delusorio que le ha sido recetada no le permite ver que vivimos en un mundo violento, que la paz no se obtiene con solo desearla, que la defensa de la integridad territorial y de las instituciones democráticas las defiende el pueblo agredido porque es amoral hacer un llamamiento a “la comunidad internacional” para que “nos saquen a los nicaraguenses del territorio nacional”. Si no les permite ver a los ticos que un intento de tratar de recuperar la isla por medio de la OEA, la Corte Internacional de Justicia de La Haya o las Naciones Unidas es un esfuerzo vano.
A mediados de la década sandinista, en medio de las constantes amenazas de los comandantes contra Costa Rica, mi amiga y embajadora de EE. UU. ante la ONU, Jeane Kirkpatrick, me preguntó si Costa Rica iba a establecer un ejército para defenderse. Le contesté que yo creía que no. Me reclamó: “Dígame entonces, ¿por qué es que ustedes esperan que nuestros hijos vayan a defender y a morir por los suyos?” Si viviera, hoy día me podría volver a humillar con esa misma pregunta.
Los policías costarricenses no van invadir la isla Calero y darse de tiros con el Ejército sandinista. Cualquier acción armada en estas circunstancias que resulte en muertos va a servirle a Daniel Ortega para pasar los cuatro años de su próximo gobierno agrediendo a Costa Rica para reivindicar las muertes de nicaraguenses.
Ningún gobernante de Costa Rica puede forjar una política con respecto a Nicaragua sin que dé por descontado que el Ejército venezolano participaría en una aventura de Ortega contra Costa Rica. No se puede olvidar que Chávez, en solidaridad con su aliado, se preparaba para invadir Honduras cuando botaron a Manuel Zelaya. Tampoco se puede olvidar que entrenó a etarras españoles, que tiene campos de entrenamiento de Hezbolá y que ayuda a los narcotraficantes de la FARC.
Amenazas. En los años ochenta, los comandantes sandinistas lanzaban dos amenazas importantes contra Costa Rica: reclamaban Guanacaste y prometían terminar con “sus instituciones burguesas”. Lo que les da validez a estas intimidaciones de Ortega es que cuenta con un gran ejército y con una Costa Rica no solo desarmada psicológicamente, sino que sin un sistema internacional viable de defensa mutua que en un tiempo la defendió de una invasión de Tacho Somoza.
No sabemos qué iniciativas futuras tomará Ortega con su inevitable triunfo electoral en las próximas elecciones.
No sabemos qué planes frustrados pueden ser desempolvados ahora que tiene un gran ejército, que olfateó la impotencia y flojedad del pueblo costarricense y su gobierno y que cuenta con un arrojado, poderoso e incondicional aliado en Hugo Chávez.
Es un deber de su destino, que la presidenta de Costa Rica inicie, abiertamente y ya, la organización de una fuerza militar que permite el artículo 12 de la Constitución para establecer, por lo menos, una fuerza de disuasión de rápido despliegue.
Ojalá que este pueblo haya, por fin, aprendido que la fuerza, en este mundo violento, es un imperativo.
Pero en estos momentos, este país parece decidido a librar una “guerra de planitos”, con topógrafos y diplomáticos actuando como guerreros viajando a Washington, La Haya o Nueva York en un interminable y, al final de cuentas, inútil, sainete diplomático.
Pero a mediano plazo vamos a ser víctima de Ortega, de nuevo, porque nos midió en isla Calero y tomó nota de la indefensión que ha desplegado este país que se le lavó el cerebro para vivir de sueños y no de realidades.
JAIME GUTIÉRREZ
MÉDICO
drjgutierrez@racsa.co.cr
lunes, 13 de diciembre de 2010
lunes, 22 de noviembre de 2010
A dos millas del lago
Ahora que se han calentado de nuevo los ánimos de uno y otro lado del Río San Juan, vale la pena pegar una repasada por lo que dicen los documentos oficiales que delimitan nuestras fronteras. Es capaz que con todo este escándalo que han hecho los nicas, el "tiro les sale por la culata" y recuperamos algo de terreno. Claro está, para eso se requeriría de sagacidad, determinación, conocimiento, valentía y empeño de nuestras autoridades, así que la cosa no está fácil. Veamos este artículo del señor Freddy Pacheco, publicado en La Nación el 29 de julio del 2009.
Gracias a la generosidad de ciertos funcionarios ticos, Nicaragua estaría viendo aumentado su territorio en un área equivalente a la que suman los cantones de San José, Palmares, Barva, Santo Domingo, Belén, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Tibás y Moravia. Doscientos noventa y siete kilómetros cuadrados (297 km²) de territorio costarricense están siendo regalados, en un acto de altruismo excepcional, en la zona limítrofe al sur del lago de Nicaragua.
Dicha donación es comparable a la de tomar las superficies ocupadas por esos 10 cantones y, sin que haya sido siquiera solicitado por los funcionarios nicas, se les comunique que pueden hacer uso soberano de ellos.
Pues sí, aunque parezca mentira o algo parecido a un cuento de mal gusto, gracias a decisiones tomadas hace un tiempo en la Cancillería tica y el Instituto Geográfico Nacional, 297 km² de superficie costarricense del norte del país han perdido su carácter tico al haber sido regaladas al país vecino. Decisiones que, como se podrán imaginar los estimables lectores, se oponen a lo señalado en el Tratado Cañas-Jerez, que fue suscrito por el general Cañas en representación de Costa Rica, en 1858, como resultado de una negociación mediante la cual se delimitaba la frontera terrestre entre Nicaragua y Costa Rica.
Nuestra soberanía. Ahora bien, si el asunto fuese confuso y necesitara de una compleja interpretación, tal vez justificaríamos tal afrenta a la Patria, pero, como no lo es, con gusto nos sumamos al puñado de ciudadanos costarricenses que han venido reclamando, de parte de nuestros gobernantes, el respeto por dicho Tratado de límites y por la Constitución Política, en cuanto a que “Nadie puede arrogarse la soberanía”, como lo han hecho los responsables de este desaguisado técnico-diplomático.
¡Veamos cuán sencillo es! Resulta que el Tratado Cañas-Jerez dice claramente que “La línea divisoria de las dos Repúblicas…” ha de seguir “un curso que diste siempre dos millas… de la margen derecha del propio Lago”. Sin embargo, nuestros brillantes y generosos funcionarios, hace tan solo 15 años (en 1994) insistieron en una línea divisoria que en un punto está alejada ¡5,5 millas de dicha margen!
Línea divisoria que, como lo puede comprobar usted, amigo lector, con solo echar una rápida mirada a cualquier mapa de Costa Rica, jamás sigue lo estipulado en el Tratado firmado hace 144 años. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. Pues porque algunos se arrogaron la soberanía de Costa Rica y, actuando a nombre propio, promovieron y siguen defendiendo (un poco en las sombras) una delimitación que nada tiene que ver con lo acordado a mediados del siglo XIX y que tiene plena vigencia.
Comisión Alexander. Como parte de sus argumentos con los cuales justifican esa “Teletón pro Nicaragua”, han hecho uso torcido de los textos de las actas de la llamada Comisión Alexander (unos librotes enormes de 40 x 30 cm y varios cientos de páginas llenas de mapas, cifras y diagramas que se robaron de la Cancillería, según declara en 1995 el exvicecanciller don Rodrigo Carreras).
Decimos “indebido” pues, como se lo manifestó con claridad a un exministro de Justicia el ciudadano Rafael Gamboa, “el Sr. Alexander fue una persona extremadamente correcta, que actuaba de conformidad a los principios de la ética profesional, y me niego a creer que pudo estar de acuerdo en colocar un mojón más allá de las dos millas establecidas”. Y es que, consecuente con lo anterior, el Gral. Alexander, en el Laudo N.° 4, cita cinco veces que la distancia de la frontera a la margen del lago ha de ser de 2 millas. Así que no podían citar un documento que ni siquiera tenían en su poder, los funcionarios públicos del Instituto Geográfico y la Casa Amarilla, para justificar el regalo que hacen de nuestra Patria.
Por otro lado, más allá de los inmerecidos maltratos a que han sido sometidos los vecinos de las tierras regaladas por unos despistados empleados públicos, por su investidura, ha de tomarse en cuenta lo expresado por el expresidente José María Figueres: “(…) se realizó un amojonamiento en línea recta, cuando lo que correspondía era hacerlo paralelo al borde del lago de Nicaragua, según lo establece el Tratado Cañas -Jerez” ( La Prensa Libre , 7-9-94).
Corrección del error Por todo lo anterior (y más), instamos muy respetuosamente al presidente Óscar Arias a iniciar las gestiones que permitan la corrección de ese error cometido por funcionarios ticos. Parece tan fácil ubicar, con exactitud milimétrica, los mojones a 2 millas del lago de Nicaragua, que nos parece incomprensible la actitud de los culpables de pretender disimular su error, aunque eso signifique usurpar el sagrado suelo nacional.
Ha de quedar claro que los nicaragüenses jamás han exigido, o al menos pretendido, el irrespeto al Tratado Cañas-Jerez, cuando más bien su actitud oficial ha sido la de defender fielmente lo allí escrito. Ejemplos recientes son bien conocidos. Así que esperamos precisamente lo mismo de parte de los nuevos gobernantes costarricenses, aunque con ello entren en conflicto con funcionarios gubernamentales que mantienen una actitud que podríamos calificar de intransigente.
FREDDY PACHECO
Catedrático de la UNA
Gracias a la generosidad de ciertos funcionarios ticos, Nicaragua estaría viendo aumentado su territorio en un área equivalente a la que suman los cantones de San José, Palmares, Barva, Santo Domingo, Belén, Escazú, Goicoechea, Alajuelita, Tibás y Moravia. Doscientos noventa y siete kilómetros cuadrados (297 km²) de territorio costarricense están siendo regalados, en un acto de altruismo excepcional, en la zona limítrofe al sur del lago de Nicaragua.
Dicha donación es comparable a la de tomar las superficies ocupadas por esos 10 cantones y, sin que haya sido siquiera solicitado por los funcionarios nicas, se les comunique que pueden hacer uso soberano de ellos.
Pues sí, aunque parezca mentira o algo parecido a un cuento de mal gusto, gracias a decisiones tomadas hace un tiempo en la Cancillería tica y el Instituto Geográfico Nacional, 297 km² de superficie costarricense del norte del país han perdido su carácter tico al haber sido regaladas al país vecino. Decisiones que, como se podrán imaginar los estimables lectores, se oponen a lo señalado en el Tratado Cañas-Jerez, que fue suscrito por el general Cañas en representación de Costa Rica, en 1858, como resultado de una negociación mediante la cual se delimitaba la frontera terrestre entre Nicaragua y Costa Rica.
Nuestra soberanía. Ahora bien, si el asunto fuese confuso y necesitara de una compleja interpretación, tal vez justificaríamos tal afrenta a la Patria, pero, como no lo es, con gusto nos sumamos al puñado de ciudadanos costarricenses que han venido reclamando, de parte de nuestros gobernantes, el respeto por dicho Tratado de límites y por la Constitución Política, en cuanto a que “Nadie puede arrogarse la soberanía”, como lo han hecho los responsables de este desaguisado técnico-diplomático.
¡Veamos cuán sencillo es! Resulta que el Tratado Cañas-Jerez dice claramente que “La línea divisoria de las dos Repúblicas…” ha de seguir “un curso que diste siempre dos millas… de la margen derecha del propio Lago”. Sin embargo, nuestros brillantes y generosos funcionarios, hace tan solo 15 años (en 1994) insistieron en una línea divisoria que en un punto está alejada ¡5,5 millas de dicha margen!
Línea divisoria que, como lo puede comprobar usted, amigo lector, con solo echar una rápida mirada a cualquier mapa de Costa Rica, jamás sigue lo estipulado en el Tratado firmado hace 144 años. ¿Y por qué?, se preguntarán ustedes. Pues porque algunos se arrogaron la soberanía de Costa Rica y, actuando a nombre propio, promovieron y siguen defendiendo (un poco en las sombras) una delimitación que nada tiene que ver con lo acordado a mediados del siglo XIX y que tiene plena vigencia.
Comisión Alexander. Como parte de sus argumentos con los cuales justifican esa “Teletón pro Nicaragua”, han hecho uso torcido de los textos de las actas de la llamada Comisión Alexander (unos librotes enormes de 40 x 30 cm y varios cientos de páginas llenas de mapas, cifras y diagramas que se robaron de la Cancillería, según declara en 1995 el exvicecanciller don Rodrigo Carreras).
Decimos “indebido” pues, como se lo manifestó con claridad a un exministro de Justicia el ciudadano Rafael Gamboa, “el Sr. Alexander fue una persona extremadamente correcta, que actuaba de conformidad a los principios de la ética profesional, y me niego a creer que pudo estar de acuerdo en colocar un mojón más allá de las dos millas establecidas”. Y es que, consecuente con lo anterior, el Gral. Alexander, en el Laudo N.° 4, cita cinco veces que la distancia de la frontera a la margen del lago ha de ser de 2 millas. Así que no podían citar un documento que ni siquiera tenían en su poder, los funcionarios públicos del Instituto Geográfico y la Casa Amarilla, para justificar el regalo que hacen de nuestra Patria.
Por otro lado, más allá de los inmerecidos maltratos a que han sido sometidos los vecinos de las tierras regaladas por unos despistados empleados públicos, por su investidura, ha de tomarse en cuenta lo expresado por el expresidente José María Figueres: “(…) se realizó un amojonamiento en línea recta, cuando lo que correspondía era hacerlo paralelo al borde del lago de Nicaragua, según lo establece el Tratado Cañas -Jerez” ( La Prensa Libre , 7-9-94).
Corrección del error Por todo lo anterior (y más), instamos muy respetuosamente al presidente Óscar Arias a iniciar las gestiones que permitan la corrección de ese error cometido por funcionarios ticos. Parece tan fácil ubicar, con exactitud milimétrica, los mojones a 2 millas del lago de Nicaragua, que nos parece incomprensible la actitud de los culpables de pretender disimular su error, aunque eso signifique usurpar el sagrado suelo nacional.
Ha de quedar claro que los nicaragüenses jamás han exigido, o al menos pretendido, el irrespeto al Tratado Cañas-Jerez, cuando más bien su actitud oficial ha sido la de defender fielmente lo allí escrito. Ejemplos recientes son bien conocidos. Así que esperamos precisamente lo mismo de parte de los nuevos gobernantes costarricenses, aunque con ello entren en conflicto con funcionarios gubernamentales que mantienen una actitud que podríamos calificar de intransigente.
FREDDY PACHECO
Catedrático de la UNA
Necesidad de actualizar el derecho penal militar
Recomiendo la lectura de este artículo del reconocido abogado Francisco Castillo. Salió publicado en La Nación el sábado pasado.
El artículo 12 de la Constitución Política proscribe el Ejército como institución permanente en tiempos de paz, pero autoriza a organizar fuerzas militares por convenio continental o “para la defensa nacional” y establece que en ambos casos las fuerzas militares “estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.
Nuestra legislación constitucional, a diferencia de los legislaciones de otros Estados, parte del principio de que la guerra es la excepción y la paz es la regla. Conforme a este principio, organiza su orden jurídico, disponiendo la prohibición del Ejército como institu- ción permantente en tiempos de paz, pero autorizando al legislador común o al Poder Ejecutivo a organizar fuerzas militares en tiempos de guerra, cuando haya que defender la patria o los intereses colectivos de una organización en la que participa nuestro país.
El Código Penal actual dice (art. 414) que no son derogados por las disposiciones de este Código “los delitos que tengan carácter militar por referirse al servicio y disciplina del Ejército cuando la República se encuentre en estado de guerra”. Vigentes del Código de Justicia Militar (1890) están: su Título Quinto, “Delitos contra la seguridad de la Patria”; Sexto, “Delitos contra la seguridad del Estado y del Ejército”; Sétimo, “Delitos contra la Disciplina Militar”; Octavo, “Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército”, y Noveno, “Delitos contra los Intereses del Ejército”.
Hoy día la situación difiere sustancialmente de conflictos fronterizos o de escaramuzas nicas por intereses electoreros. El Gobierno nicaragüense invadió nuestro terri- torio, lo que justifica a Costa Rica a ejercer legítima defensa ante la presencia nica permanente en nuestro territorio. Sería cómodo pensar que el Gobierno nicaragüense abandonaría la porción ocupada de nuestro país por las buenas o por la mediación de organismos internacionales. Pero debe contarse con la posibilidad de que sea necesario el uso de la fuerza para obligar al Gobierno nica (y a los intereses chavistas e iraníes en la construcción de un canal interocéanico que están detrás de él) a salir de nuestro territorio, sea con nuestro esfuerzo, sea con la ayuda de Gobiernos amigos o sea aplicando convenios continentales.
Legislación moderna. Ante la posibilidad de organizar fuerzas militares, nuestro país requiere una moderna legislación para regular la acción de ellas. Pienso que la Asamblea Legislativa debe nombrar una comisión que se aboque a preparar una moderna legislación militar. “De lege ferenda” esta comisión debe plantearse las siguientes cuestiones: (1) Si es necesario una legislación especial o si la materia puede ser regulada por la legislación común. (2) Cuáles son las sanciones para los delitos militares. (3) Cuál debe ser el procedimiento para aplicarlas.
En todo caso, es necesario que nuestros gobernantes entiendan que el Ejército solamente está proscrito en tiempos de paz, pero no en tiempos de guerra. La configuración que proponemos de nuestro viejo derecho penal militar, aparte de la necesidad de renovar una materia jurídica estancada por 110 años, cumple la función de sacar de su modorra a funcionarios públicos mal informados, y hacerles entender su deber de prepararse para repeler por la fuerza las agresiones de un potencia extranjera.
Igualmente cumple la función de hacerle entender a Ortega y a sus aliados que frente a actos como los realizados, de invasión del territorio nacional, encontrarán, además de niños vestidos de blanco, a todo un pueblo dispuesto a defender el territorio de su país.
Esperemos que algún diputado acoja esta iniciativa para revisar nuestro derecho penal militar.
FRANCISCO CASTILLO ABOGADO
El artículo 12 de la Constitución Política proscribe el Ejército como institución permanente en tiempos de paz, pero autoriza a organizar fuerzas militares por convenio continental o “para la defensa nacional” y establece que en ambos casos las fuerzas militares “estarán siempre subordinadas al poder civil; no podrán deliberar ni hacer manifestaciones o declaraciones en forma individual o colectiva”.
Nuestra legislación constitucional, a diferencia de los legislaciones de otros Estados, parte del principio de que la guerra es la excepción y la paz es la regla. Conforme a este principio, organiza su orden jurídico, disponiendo la prohibición del Ejército como institu- ción permantente en tiempos de paz, pero autorizando al legislador común o al Poder Ejecutivo a organizar fuerzas militares en tiempos de guerra, cuando haya que defender la patria o los intereses colectivos de una organización en la que participa nuestro país.
El Código Penal actual dice (art. 414) que no son derogados por las disposiciones de este Código “los delitos que tengan carácter militar por referirse al servicio y disciplina del Ejército cuando la República se encuentre en estado de guerra”. Vigentes del Código de Justicia Militar (1890) están: su Título Quinto, “Delitos contra la seguridad de la Patria”; Sexto, “Delitos contra la seguridad del Estado y del Ejército”; Sétimo, “Delitos contra la Disciplina Militar”; Octavo, “Delitos contra los fines y medios de acción del Ejército”, y Noveno, “Delitos contra los Intereses del Ejército”.
Hoy día la situación difiere sustancialmente de conflictos fronterizos o de escaramuzas nicas por intereses electoreros. El Gobierno nicaragüense invadió nuestro terri- torio, lo que justifica a Costa Rica a ejercer legítima defensa ante la presencia nica permanente en nuestro territorio. Sería cómodo pensar que el Gobierno nicaragüense abandonaría la porción ocupada de nuestro país por las buenas o por la mediación de organismos internacionales. Pero debe contarse con la posibilidad de que sea necesario el uso de la fuerza para obligar al Gobierno nica (y a los intereses chavistas e iraníes en la construcción de un canal interocéanico que están detrás de él) a salir de nuestro territorio, sea con nuestro esfuerzo, sea con la ayuda de Gobiernos amigos o sea aplicando convenios continentales.
Legislación moderna. Ante la posibilidad de organizar fuerzas militares, nuestro país requiere una moderna legislación para regular la acción de ellas. Pienso que la Asamblea Legislativa debe nombrar una comisión que se aboque a preparar una moderna legislación militar. “De lege ferenda” esta comisión debe plantearse las siguientes cuestiones: (1) Si es necesario una legislación especial o si la materia puede ser regulada por la legislación común. (2) Cuáles son las sanciones para los delitos militares. (3) Cuál debe ser el procedimiento para aplicarlas.
En todo caso, es necesario que nuestros gobernantes entiendan que el Ejército solamente está proscrito en tiempos de paz, pero no en tiempos de guerra. La configuración que proponemos de nuestro viejo derecho penal militar, aparte de la necesidad de renovar una materia jurídica estancada por 110 años, cumple la función de sacar de su modorra a funcionarios públicos mal informados, y hacerles entender su deber de prepararse para repeler por la fuerza las agresiones de un potencia extranjera.
Igualmente cumple la función de hacerle entender a Ortega y a sus aliados que frente a actos como los realizados, de invasión del territorio nacional, encontrarán, además de niños vestidos de blanco, a todo un pueblo dispuesto a defender el territorio de su país.
Esperemos que algún diputado acoja esta iniciativa para revisar nuestro derecho penal militar.
FRANCISCO CASTILLO ABOGADO
viernes, 19 de noviembre de 2010
Es hora de acudir a las máximas instancias
Comparto este excelente artículo de nuestro ex canciller Bruno Stagno.
A pesar de nuestras diferencias, el 14 de noviembre acudí a una reunión con la Presidente Laura Chinchilla y otros Ex–Cancilleres para examinar la tensa situación con Nicaragua y afinar la estrategia hacia delante. Asistí con la mejor intención de aportar una que otra idea, pero sobre todo para insistir en la urgencia de acudir a otros mecanismos además de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Contrariamente a como se ha afirmado en algunos medios, aunque apoyo la resolución de este conflicto por medios diplomáticos y jurídicos, en ningún momento he avalado las gestiones en curso ante la OEA.
Desde el primer momento he sido un abanderado de recurrir a las máximas instancias —el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), como lo sugirió la semana pasada el Ex–Presidente Oscar Arias, y la Corte Internacional de Justicia (la Corte)—, y no de quemar semanas en organismos desprovistos de dientes, con informes y resoluciones no vinculantes.
Esta posición no es nueva, fue enunciada con toda claridad a la Presidenta-Electa en ocasión de una anterior reunión que sostuvimos pocas semanas después de su elección, precisamente para analizar el futuro de las relaciones bilaterales con Nicaragua.
Desde el inicio de este triste capítulo, mucho se ha dicho sobre las ventajas y desventajas de acudir al Consejo Permanente de la OEA versus el Consejo de Seguridad de la ONU.
A tres semanas de iniciada la agresión armada, seguimos enfrascados en la OEA en una disputa supuestamente fronteriza —así se desprende del informe del Secretario General Insulza—, y no denunciándola como lo que verdaderamente es: un crimen de agresión, tal como se define en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.
La invasión armada de Isla Calero cumple con dicha definición y los requisitos del artículo 34 de la Carta de la ONU, que le otorga al Consejo de Seguridad la potestad de investigar cualquier conflicto que podría amenazar la paz.
Al insistir en agotar etapas en la OEA antes de acudir al Consejo, los responsables están haciendo caso omiso a la Carta de la ONU, que en el artículo 52 expresamente dice que la acción regional “no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35.”
Recordemos que en septiembre 2009 Brasil acudió al Consejo, con el fin de resguardar la integridad de unos 400 metros cuadrados en Tegucigalpa, al temer una incursión armada a su Embajada para apresar al Presidente José Manuel Zelaya.
Brasil invocó la ayuda de la ONU, apenas transcurridas 24 horas del ingreso de Zelaya a la Embajada, y logró reunir al Consejo de Seguridad apenas 72 horas después. En nuestro caso, ya invadidos y con una isla de 151 kilómetros cuadrados prácticamente bajo el control del ejército de Nicaragua, seguimos temporizando con otras instancias.
Aunque no ha existido el mismo debate en relación con la posibilidad de acudir paralelamente al Consejo de Seguridad y a la Corte Internacional de Justicia, es precisamente mediante el recurso a ambas instancias máximas que tendremos más posibilidades de hacer valer nuestros derechos. Invito a quienes tienden a pensar que ambas instancias se inhabilitan mutuamente a revisar el artículo 35 de la Carta de la ONU y el artículo 36 del Estatuto de la Corte.
Cierto, al Consejo le incomoda la división de labores con la Corte, dado que teme que esta someta sus decisiones a “revisión judicial”. Sin embargo, como se desprende de las sentencias emitidas en varios casos anteriores, la Corte es prudente y ha reconocido que “las disputas legales entre Estados soberanos, por su naturaleza misma, probablemente ocurren en contextos políticos y frecuentemente constituyen solo un elemento de un conflicto político más amplio”.
Así como la Corte se esfuerza en limitar su jurisdicción a aquellos aspectos que son de naturaleza jurídica, el Consejo, como instancia política, debe atenerse a su mandato para el mantenimiento de la paz internacional.
El recurso al Consejo o a la Corte tiene sus riesgos. En el Consejo, habrá que generar el ambiente propicio para nuestra causa. Además, habrá que insistir en la urgencia e importancia de atender esta agresión contra un vecino desarmado cuando aún no se ha producido, afortunadamente, ningún derramamiento de sangre.
En la Corte, habrá que considerar seriamente la petición de medidas cautelares o provisionales, con el fin de frenar la afectación territorial y ambiental a Isla Calero y a la cuenca del Río Colorado.
Por ende, no existe ninguna razón para no proceder, sin más tardanza, a denunciar el crimen de agresión perpetrado por Managua ante el Consejo de Seguridad y a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Todas las demás gestiones son meras medias tintas. Es hora de acudir a las máximas instancias. Esperemos que no sea demasiado tarde.
Bruno Stagno Ugarte
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica
A pesar de nuestras diferencias, el 14 de noviembre acudí a una reunión con la Presidente Laura Chinchilla y otros Ex–Cancilleres para examinar la tensa situación con Nicaragua y afinar la estrategia hacia delante. Asistí con la mejor intención de aportar una que otra idea, pero sobre todo para insistir en la urgencia de acudir a otros mecanismos además de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Contrariamente a como se ha afirmado en algunos medios, aunque apoyo la resolución de este conflicto por medios diplomáticos y jurídicos, en ningún momento he avalado las gestiones en curso ante la OEA.
Desde el primer momento he sido un abanderado de recurrir a las máximas instancias —el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), como lo sugirió la semana pasada el Ex–Presidente Oscar Arias, y la Corte Internacional de Justicia (la Corte)—, y no de quemar semanas en organismos desprovistos de dientes, con informes y resoluciones no vinculantes.
Esta posición no es nueva, fue enunciada con toda claridad a la Presidenta-Electa en ocasión de una anterior reunión que sostuvimos pocas semanas después de su elección, precisamente para analizar el futuro de las relaciones bilaterales con Nicaragua.
Desde el inicio de este triste capítulo, mucho se ha dicho sobre las ventajas y desventajas de acudir al Consejo Permanente de la OEA versus el Consejo de Seguridad de la ONU.
A tres semanas de iniciada la agresión armada, seguimos enfrascados en la OEA en una disputa supuestamente fronteriza —así se desprende del informe del Secretario General Insulza—, y no denunciándola como lo que verdaderamente es: un crimen de agresión, tal como se define en la resolución 3314 de la Asamblea General de la ONU.
La invasión armada de Isla Calero cumple con dicha definición y los requisitos del artículo 34 de la Carta de la ONU, que le otorga al Consejo de Seguridad la potestad de investigar cualquier conflicto que podría amenazar la paz.
Al insistir en agotar etapas en la OEA antes de acudir al Consejo, los responsables están haciendo caso omiso a la Carta de la ONU, que en el artículo 52 expresamente dice que la acción regional “no afecta en manera alguna la aplicación de los artículos 34 y 35.”
Recordemos que en septiembre 2009 Brasil acudió al Consejo, con el fin de resguardar la integridad de unos 400 metros cuadrados en Tegucigalpa, al temer una incursión armada a su Embajada para apresar al Presidente José Manuel Zelaya.
Brasil invocó la ayuda de la ONU, apenas transcurridas 24 horas del ingreso de Zelaya a la Embajada, y logró reunir al Consejo de Seguridad apenas 72 horas después. En nuestro caso, ya invadidos y con una isla de 151 kilómetros cuadrados prácticamente bajo el control del ejército de Nicaragua, seguimos temporizando con otras instancias.
Aunque no ha existido el mismo debate en relación con la posibilidad de acudir paralelamente al Consejo de Seguridad y a la Corte Internacional de Justicia, es precisamente mediante el recurso a ambas instancias máximas que tendremos más posibilidades de hacer valer nuestros derechos. Invito a quienes tienden a pensar que ambas instancias se inhabilitan mutuamente a revisar el artículo 35 de la Carta de la ONU y el artículo 36 del Estatuto de la Corte.
Cierto, al Consejo le incomoda la división de labores con la Corte, dado que teme que esta someta sus decisiones a “revisión judicial”. Sin embargo, como se desprende de las sentencias emitidas en varios casos anteriores, la Corte es prudente y ha reconocido que “las disputas legales entre Estados soberanos, por su naturaleza misma, probablemente ocurren en contextos políticos y frecuentemente constituyen solo un elemento de un conflicto político más amplio”.
Así como la Corte se esfuerza en limitar su jurisdicción a aquellos aspectos que son de naturaleza jurídica, el Consejo, como instancia política, debe atenerse a su mandato para el mantenimiento de la paz internacional.
El recurso al Consejo o a la Corte tiene sus riesgos. En el Consejo, habrá que generar el ambiente propicio para nuestra causa. Además, habrá que insistir en la urgencia e importancia de atender esta agresión contra un vecino desarmado cuando aún no se ha producido, afortunadamente, ningún derramamiento de sangre.
En la Corte, habrá que considerar seriamente la petición de medidas cautelares o provisionales, con el fin de frenar la afectación territorial y ambiental a Isla Calero y a la cuenca del Río Colorado.
Por ende, no existe ninguna razón para no proceder, sin más tardanza, a denunciar el crimen de agresión perpetrado por Managua ante el Consejo de Seguridad y a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia. Todas las demás gestiones son meras medias tintas. Es hora de acudir a las máximas instancias. Esperemos que no sea demasiado tarde.
Bruno Stagno Ugarte
Ex Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica
jueves, 18 de noviembre de 2010
Entonces, que yo me desarme y que mi seguridad y la de mi familia dependa solo de los "besucones"?
Por Dios, nos siguen llegando noticias de nuestros ilustres policías (claro que no todos) y sus andadas.
Les roban las armas, se apuntan a los delitos, no están en la calle cuidando y ahora hasta se van a un tajo, en la patrulla, uniformados, en horas de trabajo y muy contentos a darse unos besitos. Las noticias han sido contundentes.
Que no nos sigan menguando a los ciudadanos honestos y responsables, pretendiendo que no podamos tener y portar armas legalmente para defendernos de la delincuencia.
Es absurdo que se pretenda que descarguemos toda nuestra seguridad en una fuerza que en buena medida es corrupta, ineficiente, vagabunda, omisa y mal entrenada.
Será que debo entregar mis armas y esperar a ver si a la policía no les han robado las armas, o están filmando videítos amorosos cuando yo los ocupe?
Para accesar al video completo en Telenoticias: VIDEO
Les roban las armas, se apuntan a los delitos, no están en la calle cuidando y ahora hasta se van a un tajo, en la patrulla, uniformados, en horas de trabajo y muy contentos a darse unos besitos. Las noticias han sido contundentes.
Que no nos sigan menguando a los ciudadanos honestos y responsables, pretendiendo que no podamos tener y portar armas legalmente para defendernos de la delincuencia.
Es absurdo que se pretenda que descarguemos toda nuestra seguridad en una fuerza que en buena medida es corrupta, ineficiente, vagabunda, omisa y mal entrenada.
Será que debo entregar mis armas y esperar a ver si a la policía no les han robado las armas, o están filmando videítos amorosos cuando yo los ocupe?
Para accesar al video completo en Telenoticias: VIDEO
¿Dónde están los defensores de la patria?
Excelente artículo del señor Rubén Hernández, el cual comparto plenamente. Fue publicado en el periódico La Nación el martes pasado.
El conflicto con Nicaragua ha servido para poner de manifiesto cómo algunos “patriotas”, autodenominados salvadores de la patria, lo único que los mueve son razones ideológicas.
Durante la tramitación del TLC y luego con el caso Crucitas, han salido a la palestra innumerables ambientalistas que están dispuestos a dar su vida porque unos cuantos pájaros no podrán anidar más en las zonas cercanas a la mina –lo cual, en todo caso, resultó falso según el criterio de los expertos–, pero en cambio guardan silencio ante el desastre ambiental que producirá el dragado del San Juan. ¿Por qué ahora no hacen huelgas de hambre ante la Embajada de Nicaragua?
Otro tanto cabe decir de los Consejos Universitarios de las Universidades estatales. ¿Por qué no sacan campos pagados y protestan enérgicamente contra la violación de nuestra soberanía territorial? ¿Por qué el Periódico Universidad, no emprende una cruzada nacional para defender nuestra integridad territorial?
Esas mismas personas, si estuviera Somoza en el poder, harían un escándalo que se oiría hasta en Managua. Sin embargo, como detrás de esas violaciones está Ortega dirigido a control remoto por el tristemente célebre Hugo Chávez, guardan silencio al respecto. Lo mismo ocurre con los políticos de izquierda y los sindicatos públicos.
Para estos “auténticos costarricenses” la ideología trasnochada está primero que el amor al país. Si los gringos están de por medio hay que defender la dignidad nacional a toda costa. Si las acciones deleznables, como la invasión física de nuestro territorio, es llevado a cabo por un compañero de viaje, entonces hay que guardar silencio y dejar que el problema se resuelva lo antes posible y ojalá sin demasiado ruido.
De Ortega no puede decirse más de lo que han dicho otras personas, tanto nicaraguenses como costarricenses, que lo conocen bien y saben que es inculto, cínico, amoral y capaz de cualquier cosa. Solo habría que añadir una frase de Umberto Ecco: “La madre de los cretinos no ha terminado de parir”.
RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE ABOGADO
El conflicto con Nicaragua ha servido para poner de manifiesto cómo algunos “patriotas”, autodenominados salvadores de la patria, lo único que los mueve son razones ideológicas.
Durante la tramitación del TLC y luego con el caso Crucitas, han salido a la palestra innumerables ambientalistas que están dispuestos a dar su vida porque unos cuantos pájaros no podrán anidar más en las zonas cercanas a la mina –lo cual, en todo caso, resultó falso según el criterio de los expertos–, pero en cambio guardan silencio ante el desastre ambiental que producirá el dragado del San Juan. ¿Por qué ahora no hacen huelgas de hambre ante la Embajada de Nicaragua?
Otro tanto cabe decir de los Consejos Universitarios de las Universidades estatales. ¿Por qué no sacan campos pagados y protestan enérgicamente contra la violación de nuestra soberanía territorial? ¿Por qué el Periódico Universidad, no emprende una cruzada nacional para defender nuestra integridad territorial?
Esas mismas personas, si estuviera Somoza en el poder, harían un escándalo que se oiría hasta en Managua. Sin embargo, como detrás de esas violaciones está Ortega dirigido a control remoto por el tristemente célebre Hugo Chávez, guardan silencio al respecto. Lo mismo ocurre con los políticos de izquierda y los sindicatos públicos.
Para estos “auténticos costarricenses” la ideología trasnochada está primero que el amor al país. Si los gringos están de por medio hay que defender la dignidad nacional a toda costa. Si las acciones deleznables, como la invasión física de nuestro territorio, es llevado a cabo por un compañero de viaje, entonces hay que guardar silencio y dejar que el problema se resuelva lo antes posible y ojalá sin demasiado ruido.
De Ortega no puede decirse más de lo que han dicho otras personas, tanto nicaraguenses como costarricenses, que lo conocen bien y saben que es inculto, cínico, amoral y capaz de cualquier cosa. Solo habría que añadir una frase de Umberto Ecco: “La madre de los cretinos no ha terminado de parir”.
RUBÉN HERNÁNDEZ VALLE ABOGADO
En Guardia. 16-11-10
Excelente columna de Don Jorge Guardia, publicada en La Nación el martes pasado, la cual comparto plenamente.
Ni la presidenta Chinchilla ni su ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, han manejado adecuadamente la crisis con Nicaragua. Sugiero respetuosamente un viraje de 90 grados.
Lo primero es reconocer que los nicas han sabido ser más fuertes y astutos que los ticos (por ahora). La ingenuidad y pañuelitos blancos agitados tímidamente por un puñado de párvulos risueños, nos retrata. Se nos olvidó la frase fuerte del Himno Nacional: Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril' Da pena escudarse en ese sueño idílico de una paz desdentada que profesan algunos, siempre dispuestos a poner la otra mejilla.
Enrique Castillo hizo una defensa brillante de nuestra posición ante la OEA. Esbozó muy bien el derecho (invasión ilegítima y daño ambiental); aportó las pruebas con esmerado detalle; rebatió tenazmente la tesis opositora (no es un tema de discrepancia sobre límites), pero falló en la petitoria. Jamás debió aceptar la propuesta de Insulza de “solicitar” en vez de “exigir” el retiro de las fuerzas armadas invasoras ni, tampoco, que nosotros hiciéramos igual. Si no invadimos a nadie, no teníamos por qué huir de nuestro territorio. Tampoco debemos sentarnos a dialogar sin condiciones.
¿Dónde está la OEA acusadora que otrora expulsó a Honduras de su seno? ¿Por qué no sancionó a Nicaragua como sí se ensañó con Honduras? Sabemos que Insulza es proclive al ALBA y que a René Castro lo mapearon como débil y complaciente (solo así se explica su aceptación de satisfacciones verbales ante daños ambientales). La reacción de Ortega era de esperar. En declaraciones al diario La Prensa aseveró que no cumplirá la decisión de la OEA, que irá a la Corte Internacional de la Haya; que la isla Calero es nicaraguense y que, además, le tiene el ojo puesto al río Colorado. Colorado debería estar de verguenza.
Si bien no tenemos ejército, hay otras maneras de sacudirse. Podríamos romper relaciones diplomáticas y consulares a ver qué hace Ortega con el desempleo, o acudir al TIAR para exigir la liberación de nuestra tierra y protección militar ante los invasores. También podemos, como sugirió el expresidente Arias, acudir a la ONU en busca de satisfacción, una vez agotadas las instancias regionales como exige su estatuto orgánico, y desplegar una ofensiva diplomática ante Gobiernos amigos. Pero temo que la jugada de Ortega es devolver eventualmente a Calero, con todo su mosquero, para hacernos sentir triunfalistas y poder hacer, a cambio, todo el daño ambiental y comercial que quiera en el San Juan, incluyendo un posible canal interoceánico, sin que podamos después abrir la boca.
JORGE GUARDIA ABOGADO-ECONOMISTA jguardia@nacion.com
Ni la presidenta Chinchilla ni su ministro de Relaciones Exteriores, René Castro, han manejado adecuadamente la crisis con Nicaragua. Sugiero respetuosamente un viraje de 90 grados.
Lo primero es reconocer que los nicas han sabido ser más fuertes y astutos que los ticos (por ahora). La ingenuidad y pañuelitos blancos agitados tímidamente por un puñado de párvulos risueños, nos retrata. Se nos olvidó la frase fuerte del Himno Nacional: Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril' Da pena escudarse en ese sueño idílico de una paz desdentada que profesan algunos, siempre dispuestos a poner la otra mejilla.
Enrique Castillo hizo una defensa brillante de nuestra posición ante la OEA. Esbozó muy bien el derecho (invasión ilegítima y daño ambiental); aportó las pruebas con esmerado detalle; rebatió tenazmente la tesis opositora (no es un tema de discrepancia sobre límites), pero falló en la petitoria. Jamás debió aceptar la propuesta de Insulza de “solicitar” en vez de “exigir” el retiro de las fuerzas armadas invasoras ni, tampoco, que nosotros hiciéramos igual. Si no invadimos a nadie, no teníamos por qué huir de nuestro territorio. Tampoco debemos sentarnos a dialogar sin condiciones.
¿Dónde está la OEA acusadora que otrora expulsó a Honduras de su seno? ¿Por qué no sancionó a Nicaragua como sí se ensañó con Honduras? Sabemos que Insulza es proclive al ALBA y que a René Castro lo mapearon como débil y complaciente (solo así se explica su aceptación de satisfacciones verbales ante daños ambientales). La reacción de Ortega era de esperar. En declaraciones al diario La Prensa aseveró que no cumplirá la decisión de la OEA, que irá a la Corte Internacional de la Haya; que la isla Calero es nicaraguense y que, además, le tiene el ojo puesto al río Colorado. Colorado debería estar de verguenza.
Si bien no tenemos ejército, hay otras maneras de sacudirse. Podríamos romper relaciones diplomáticas y consulares a ver qué hace Ortega con el desempleo, o acudir al TIAR para exigir la liberación de nuestra tierra y protección militar ante los invasores. También podemos, como sugirió el expresidente Arias, acudir a la ONU en busca de satisfacción, una vez agotadas las instancias regionales como exige su estatuto orgánico, y desplegar una ofensiva diplomática ante Gobiernos amigos. Pero temo que la jugada de Ortega es devolver eventualmente a Calero, con todo su mosquero, para hacernos sentir triunfalistas y poder hacer, a cambio, todo el daño ambiental y comercial que quiera en el San Juan, incluyendo un posible canal interoceánico, sin que podamos después abrir la boca.
JORGE GUARDIA ABOGADO-ECONOMISTA jguardia@nacion.com
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