Excelente reportaje de la periodista Daniela García para CRHoy.
“Violencia no está en las armas, la ley no resolvería nada”
Para el sociólogo Arnoldo Mendoza, “el hecho de que existan las armas no es el causante” sino una manifestación de otros fenómenos.
Recientemente entró a la agenda legislativa el proyecto de ley “Reforma General a la Ley de Armas y Explosivos”, que regularía la tenencia de armas en el país. Entre otras cosas, plantea la posibilidad de hacer un marcaje a las balas, la prohibición de la presencia de menores de 15 años en un polígono y además restringiría la cantidad de armas que una persona puede tener, en este caso solo una para defensa personal y dos en caso de armas deportivas.
Todas estas medidas estarían orientadas para disminuir la violencia y sea posible rastrear a quien cometió algún delito con estos dispositivos, según comentó la viceministra de gobernación, Marcela Chacón, esto ayudaría a ordenar el mercado de armas.
Sin embargo, existe un grupo de ciudadanos que considera que el Gobierno se ha dedicado a estigmatizar la tenencia de armas y que el problema de fondo radica en las carencias sociales que vive nuestro país, asimismo denuncia el hecho de que el texto jamás fue consultado con la sociedad civil y no vendría a dar solución alguna a los problemas de inseguridad ciudadana.
Según comentó Mauricio Alvarado de la Asociación Pro Defensa Civil y de la Seguridad Ciudadana (Pro Defensa), luego de una única reunión se les indicó que el comité que evaluaba el proyecto seguiría trabajando “de acuerdo con los intereses de los miembros de la comisión”. Estos intereses estarían vinculados con la restricción de la tenencia de armas legales, no así el tráfico, la venta y compra ilegal de estas, que resulta tan fácil como visitar lo que se conoce como la “zona roja” de San José y pagar 150 mil colones por un arma (legalmente costaría hasta 700 mil colones).
Precisamente los integrantes de Pro Defensa enfatizan que el riesgo no está en las armas que ya debidamente registradas, sino en las miles que hoy están por la libre. “En Costa Rica tener un arma de fuego debidamente inscrita, no es ni barato ni rápido. Te cuesta, entre la compra del arma y los trámites, alrededor de mil dólares y te toma por lo menos dos meses (…) además tenemos que hacer diferentes pruebas (teóricas y prácticas de tiro) (…) yo nunca he sabido de ningún delincuente que para cometer un delito haga todos esos trámites”, dijo Alvarado.
Para el sociólogo Arnoldo Mendoza, el tema de la violencia por armas de fuego en el país requiere de una atención desde el punto de vista de análisis de las causas pues “el hecho de que existan las armas no es el causante” sino una manifestación de otros fenómenos.
“Es un fenómeno que hay que atenderlo integralmente, usted puede llevarlo al congreso y que los diputados aprueben una ley donde ya se prohíban las armas y que solo ciertas personas utilicen armas. ¿Puede lograrse? Sí. Pero que sucede: el mercado negro”, agregó Mendoza.
En este mismo punto la viceministra de Gobernación reconoció que es imposible erradicar el tráfico de armas, “siempre se va a encontrar la forma de buscar alguna manera de llevar a cabo ese tráfico, lo importante es empezar a cerrar esos portillos”, comentó. Aun así este proyecto de ley no contempla acciones que involucren la reducción del tráfico de armas sino la restricción a un mercado que ya está regulado, tanto por pruebas psicológicas como teóricas y prácticas.
