Excelente artículo de Juan Carlos Hidalgo Analista de políticas públicas en el Cato Institute (www.elcato.org). Twitter: @jchidalgo, publicado por La Nación
Max Loría, viceministro de la Paz, dice responder a los cuestionamientos que se le han hecho sobre el uso sospechoso de estadísticas que muestran un supuesto vínculo entre la tenencia legal de armas de fuego y el crimen en Costa Rica. Su respuesta, sin embargo, genera más dudas no solo sobre los datos que presenta, sino también sobre sus esfuerzos cada vez más evidentes por desinformar a la opinión pública, en una campaña tendiente a desarmar a la ciudadanía frente a los criminales.
El origen de la controversia fue la publicación del informe Armas de fuego y violencia en Costa Rica, por parte del Viceministerio de la Paz. En el acto de presentación, Loría brindó dos estadísticas que supuestamente venían en el estudio: 1.- El 55% de los delitos que se cometen en Costa Rica se realizan con armas de fuego debidamente registradas, y 2.- la correlación estadística entre la tasa de homicidios y la cantidad de armas legalmente inscritas es de 77%. Dichos datos los reprodujeron los diversos medios de comunicación que asistieron al evento. Incluso en la página web de Radio Reloj aún se encuentra disponible un audio donde Loría afirma que “de las armas relacionadas con algún delito, fíjese que el 55% son legales y tienen la matrícula al día”.
Estadísticas dudosas. Sin embargo, a diferencia de lo que se reportó en los medios, ninguna de esas dos estadísticas se encuentra en el informe mencionado. En su artículo, Loría nos quedó debiendo la explicación del por qué le brindó a la prensa datos que no eran resultado de dicho estudio para que fueran reportados como tal. En todo caso, en su respuesta Loría nos da una pista del misterioso origen de esas estadísticas. Primeramente, señala que, según la Dirección General de Armamento (DGA), “el 55% de las armas decomisadas por evidencias judiciales están, o estuvieron en algún momento inscritas”. Nótese como ya no se trata de armas “relacionadas con algún delito”, como dijera a Radio Reloj, sino de simplemente “decomisadas por evidencias judiciales”. Tampoco se trata ya de armas que en su totalidad “tienen la matrícula al día” como afirmara en la radio. En realidad, un arma puede ser decomisada en múltiples circunstancias que no necesariamente involucran la comisión de un delito contra la propiedad o la vida de alguien, como, por ejemplo, que alguien ande su arma con el permiso de portación vencido o que un guarda de seguridad privado no cuente con sus papeles migratorios en orden. Dar a entender que todas las armas decomisadas participaron en actos delictivos es tendencioso. También es nebuloso el origen y veracidad de la estadística del 55%. En ninguna parte la DGA ha publicado ese dato, de tal forma que es imposible verificarlo. Solo sabemos de él por boca de las autoridades. Y otros funcionarios, refiriéndose a la misma estadística, han dado una cifra muy diferente.
En una entrevista reciente en Semanario Universidad, el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, afirmó que “de las 36.000 armas que tengo decomisadas en el arsenal nacional, vinculadas a hechos ilícitos, un 45% son armas registradas”. Entonces, ¿qué dato y a quién le creemos? Sin que hubiera aclarado en lo absoluto esa estadística, Loría salta a otra cuya validez es igualmente dudosa: la supuesta correlación del 77% que existe entre la tasa de homicidios y la cantidad de armas matriculadas. Loría afirma que este cálculo proviene de su despacho, pero no explica cómo arribó a este. Al no estar publicado en ningún informe oficial, tampoco se puede verificar. No obstante, el dato parece ser el resultado de la simple división de la tasa de armas registradas por cada 100.000 habitantes (5,28) entre la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego por cada 100.000 habitantes (6,8).
El cálculo es tan absurdo, que si la tasa de homicidios cometidos con armas de fuego fuera el doble, la supuesta correlación estadística –que Loría describe como “alta, directa y significativa”– más bien caería a la mitad. Es decir, un alza en los asesinatos con armas de fuego haría bajar la correlación que tanto desvela a Loría, y una baja en los crímenes de ese tipo, que sería a todas luces deseable, más bien subiría la correlación. Un perfecto ejemplo de una estadística que no sirve para nada, excepto, claro está, para desinformar a la opinión pública.
En resumen, Loría agrava las sospechas de que ha incurrido en una grave manipulación de datos, con el fin de crear la percepción de que las armas legales están relacionadas con la criminalidad y que, por lo tanto, se necesitan más regulaciones que haga prohibitiva su tenencia y portación.
Es censurable que el viceministro de la Paz haya caído en una campaña de tergiversación tan grosera con tal de cercenar el derecho a la defensa propia de miles de costarricenses, al cual recurren ante la incapacidad del Estado para defenderlos y poner freno a los criminales.
Loría afirma que el Gobierno solo busca limitar la tenencia legal de armas en el país. Sin embargo, las verdaderas intenciones de la administración Chinchilla fueron muy bien resumidas por la presidenta ejecutiva del PANI en declaraciones a La Nación el pasado domingo: “Estamos en un proceso de desarmar al país”. Y para ello, parece que cualquier herramienta es válida, incluso la manipulación de estadísticas y la desinformación.
Juan Carlos Hidalgo Analista de políticas públicas en el Cato Institute (www.elcato.org). Twitter: @jchidalgo
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